La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un principio jurídico que atribuye a las empresas y organizaciones la capacidad de ser sancionadas penalmente por la comisión de delitos, al igual que las personas físicas. Esta responsabilidad surge cuando la actividad delictiva es llevada a cabo por órganos, representantes o empleados de la entidad en su nombre o en su beneficio. Así, las personas jurídicas pueden ser sujetas a sanciones penales como multas, disolución o inhabilitación, entre otras, en función de la legislación aplicable en cada jurisdicción.
En Chile, la responsabilidad penal de las empresas se rige bajo la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta legislación establece que las empresas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio, siempre que estos actos ilícitos sean realizados por sus representantes o empleados y la empresa no haya adoptado medidas de prevención adecuadas. La ley contempla circunstancias atenuantes y agravantes que pueden afectar la responsabilidad penal de una persona jurídica y establece diversas penas, incluida la disolución de la empresa, prohibiciones de contratar con el Estado, pérdida de beneficios fiscales, multas y otras penas accesorias.
Delitos base para la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Lavado de activos
Artículo 27 de la Ley 19.913
Apropiación indebida
Artículo 470, N° 1, del Código Penal
Procesamiento de recursos hidrobiológicos vedados
Artículo 139 de la ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura
Organizar milicias o poseer armas prohíbidas
Título II de la ley Nº 17.798, sobre Control de Armas
Financiamiento del terrorismo
Artículo 8° de la Ley 18.314
Negociación incompatible
Artículo 240 del Código Penal
Pesca ilegal
Artículo 139 bis de la ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura
Trata de personas
Artículo 411 quáter del Código Penal
Cohecho a empleado público
Artículos 250 y 251 bis del Código Penal
Corrupción entre particulares
Artículos 287 bis y 287 ter del Código Penal
Recursos hidrobiológicos de origen ilegal
Artículo 139 ter de la ley Nº 18.892, Ley General de Pesca y Acuicultura
Robo, hurto de madera
Artículo 448 septies del Código Penal
Receptación
Artículo 456 bis A del Código Penal
Administración desleal
Artículo 470, N° 11, del Código Penal
Ordenar la asistencia de un trabajador en cuarentena
Artículo 318 ter, del Código Penal
Posesión de madera sin acreditar origen legal
Artículo 448 octies del Código Penal
Ataque a la integridad de un sistema informático
Ley 21.459 Art. 1
Falsificación informática
Ley 21.459 Art. 5
Acceso ilícito
Ley 21.459 Art. 2
Receptación de datos informáticos
Ley 21.459 Art. 6
Interceptación ilícita
Ley 21.459 Art. 3
Fraude informático
Ley 21.459 Art. 7
Ataque a la integridad de los datos informáticos
Ley 21.459 Art. 4
Abuso de los dispositivos
Ley 21.459 Art. 8
Ley de Responsabilidad Penal Empresaria
En Argentina, la Ley 27.401 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción, como el cohecho y el tráfico de influencias. La ley exige que las empresas implementen programas de integridad para prevenir estos delitos y establece sanciones que incluyen multas, suspensión de actividades, inhabilitación para participar en concursos públicos, entre otras.
Ley Anticorrupción en Colombia
La Ley 1474 de 2011 en Colombia, también conocida como la Ley Anticorrupción, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción transnacional, como el cohecho a funcionarios extranjeros. Además, el Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de las empresas de adoptar programas de ética empresarial y cumplimiento normativo para prevenir y detectar actos de corrupción.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), promulgada en 2016, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción, incluyendo soborno, tráfico de influencias y colusión en contrataciones públicas. La LGRA impone sanciones a las empresas que incluyen multas, inhabilitación para contratar con el gobierno y la disolución de la entidad.
Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
La Ley 30424 en Perú establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción cometidos en su nombre o beneficio, incluyendo el cohecho activo y el tráfico de influencias. Las empresas están obligadas a implementar sistemas de prevención y cumplimiento para evitar estos delitos y pueden enfrentar sanciones como multas, inhabilitación para contratar con el Estado y hasta la disolución de la empresa.
