Existen diversos contextos que se benefician de un canal de denuncias
Un canal de denuncias es un mecanismo que permite a ejecutivos, colaboradores y terceros reportar de manera confidencial y, si se desea, anónima, cualquier actividad o comportamiento indebido, ilegal o no ético dentro de una organización.
Los canales de denuncias son útiles porque permiten identificar y abordar posibles problemas en una etapa temprana, ayudando a prevenir daños mayores a la reputación, la cultura y la viabilidad financiera de una organización. Además, fomentan un entorno de trabajo transparente y seguro, en el que los empleados se sienten respaldados y alentados para reportar preocupaciones sin temor a represalias.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un principio jurídico que atribuye a las empresas y organizaciones la capacidad de ser sancionadas penalmente por la comisión de delitos, al igual que las personas físicas.
En Chile, la responsabilidad penal de las empresas se rige bajo la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Esta legislación establece que las empresas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio, siempre que estos actos ilícitos sean realizados por sus representantes o empleados y la empresa no haya adoptado medidas de prevención adecuadas.
Acoso laboral y sexual
Permiten a las víctimas y testigos reportar incidentes de acoso y discriminación, garantizando una respuesta oportuna y adecuada por parte de la organización.
Derechos humanos
Contribuyen a la identificación de violaciones de los derechos humanos dentro de la empresa y en su cadena de suministro, permitiendo tomar medidas correctivas y preventivas.
Lucha contra la corrupción
Facilitan la denuncia de sobornos, fraudes y otras prácticas corruptas, ayudando a prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Lucha contra el LA/FT
Ayudan a detectar y reportar actividades sospechosas que podrían estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
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Leyes internacionales
Son esenciales para garantizar el cumplimiento de leyes anticorrupción extranjeras como la FCPA de Estados Unidos y el UK Bribery Act del Reino Unido.
Prevención de fraudes
Permiten identificar y detener posibles fraudes antes de que causen un daño significativo a la empresa.
Lucha contra la corrupción
Facilitan la denuncia de sobornos, fraudes y otras prácticas corruptas, ayudando a prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
NCG 385
En el caso de empresas sujetas a la normativa chilena NCG 385, los canales de denuncias son fundamentales para informar al mercado del compromiso de la empresa con ética e integridad.
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Ley de Responsabilidad Penal Empresaria
En Argentina, la Ley 27.401 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción, como el cohecho y el tráfico de influencias. La ley exige que las empresas implementen programas de integridad para prevenir estos delitos y establece sanciones que incluyen multas, suspensión de actividades, inhabilitación para participar en concursos públicos, entre otras.
Ley Anticorrupción en Colombia
La Ley 1474 de 2011 en Colombia, también conocida como la Ley Anticorrupción, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción transnacional, como el cohecho a funcionarios extranjeros. Además, el Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de las empresas de adoptar programas de ética empresarial y cumplimiento normativo para prevenir y detectar actos de corrupción.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), promulgada en 2016, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción, incluyendo soborno, tráfico de influencias y colusión en contrataciones públicas. La LGRA impone sanciones a las empresas que incluyen multas, inhabilitación para contratar con el gobierno y la disolución de la entidad.
Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
La Ley 30424 en Perú establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción cometidos en su nombre o beneficio, incluyendo el cohecho activo y el tráfico de influencias. Las empresas están obligadas a implementar sistemas de prevención y cumplimiento para evitar estos delitos y pueden enfrentar sanciones como multas, inhabilitación para contratar con el Estado y hasta la disolución de la empresa.
