La corrupción es un problema global que afecta a todas las sociedades y economías, socavando el desarrollo sostenible, la democracia y la confianza en las instituciones. Este flagelo se manifiesta en diversas formas, como el soborno, el fraude, el nepotismo y la malversación de fondos públicos, entre otros. La corrupción tiene efectos devastadores en la economía, ya que disuade la inversión, aumenta los costos de hacer negocios y debilita el estado de derecho. Según un informe de Transparencia Internacional, se estima que la corrupción le cuesta a la economía mundial más de 2,6 billones de dólares anuales, lo que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Los canales de denuncia se han demostrado como una herramienta altamente efectiva en la prevención y detección temprana de actos de corrupción en las organizaciones. Estos sistemas ofrecen a los empleados y terceros un medio seguro y confidencial para reportar actividades sospechosas o ilícitas, permitiendo a las empresas investigar y abordar estos asuntos de manera proactiva. Además, los canales de denuncia ayudan a fomentar una cultura de integridad y transparencia en la organización, lo que a su vez refuerza el compromiso de todos los involucrados en combatir la corrupción. Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE, por sus siglas en inglés), más del 40% de los casos de fraude en las empresas son detectados gracias a los sistemas de denuncia, lo que demuestra su importancia como mecanismo de prevención y control.
La regulación de la corrupción en Chile, riesgos para gerentes y empresas
En Chile, la Ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de delitos como cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las empresas y sus gerentes enfrentan riesgos significativos si no cumplen con las regulaciones y medidas preventivas.
El incumplimiento de la Ley 20.393 puede resultar en sanciones severas para las empresas y sus gerentes, incluyendo multas, disolución de la empresa, prohibición de celebrar contratos con el Estado y pérdida de reputación. Además, los gerentes pueden enfrentar consecuencias personales, como responsabilidad penal y daños a su carrera profesional.
El cohecho y la responsabilidad penal en Latinoamérica y el mundo
La responsabilidad penal de las personas jurídicas es un concepto cada vez más presente en la legislación de muchos países en América Latina y el mundo. Países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú han implementado leyes similares a la chilena, buscando combatir la corrupción y establecer la responsabilidad de las empresas en caso de delitos cometidos en su nombre.
A nivel mundial, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) y la Convención de la OCDE sobre el Combate al Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales son ejemplos de esfuerzos internacionales para abordar la corrupción. Estos tratados y convenios promueven la adopción de leyes nacionales que establezcan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y fomenten la cooperación entre países en la lucha contra la corrupción.
Algunos tipos o formas de corrupción
Cohecho
El cohecho es un delito tipificado en los artículos 248 y siguientes del Código Penal chileno. Consiste en sobornar a un funcionario público ofreciéndole dinero, regalos u otros beneficios a cambio de que realice, retarde u omita algún acto relacionado con sus funciones. El delito de cohecho puede ser cometido tanto por quien ofrece el soborno como por el funcionario que lo acepta.
Malversación de fondos públicos
La malversación de fondos públicos se encuentra en los artículos 233 y siguientes del Código Penal chileno. Este delito ocurre cuando un funcionario público, a sabiendas, desvía, retiene o utiliza indebidamente fondos públicos en beneficio propio o de terceros. La malversación puede incluir la apropiación indebida, el uso fraudulento o la disposición ilegal de bienes del Estado.
Fraude al Fisco
El fraude al Fisco, contemplado en el artículo 239 del Código Penal, se refiere a la obtención indebida de fondos públicos mediante la presentación de documentos falsos, la simulación de situaciones o el uso de información engañosa. Este delito puede ser cometido tanto por funcionarios públicos como por particulares que buscan obtener un beneficio económico ilícito a expensas del Estado.
Negociación incompatible
La negociación incompatible es un delito establecido en el artículo 240 del Código Penal chileno. Se produce cuando un funcionario público se aprovecha de su cargo para obtener un beneficio personal o para favorecer a terceros en la realización de contratos, negociaciones o cualquier otro tipo de operaciones en las que tenga injerencia debido a su función.
Tráfico de influencias
El tráfico de influencias, tipificado en el artículo 249 del Código Penal, ocurre cuando un individuo, aprovechando su posición, influencia o relación con funcionarios públicos, interviene en la realización de actos administrativos o judiciales a cambio de un beneficio económico o de otra índole. Puede ser cometido tanto por quien ejerce la influencia como por el funcionario que permite que sus decisiones sean influenciadas de manera indebida.
Ley de Responsabilidad Penal Empresaria
En Argentina, la Ley 27.401 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción, como el cohecho y el tráfico de influencias. La ley exige que las empresas implementen programas de integridad para prevenir estos delitos y establece sanciones que incluyen multas, suspensión de actividades, inhabilitación para participar en concursos públicos, entre otras.
Ley Anticorrupción en Colombia
La Ley 1474 de 2011 en Colombia, también conocida como la Ley Anticorrupción, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción transnacional, como el cohecho a funcionarios extranjeros. Además, el Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de las empresas de adoptar programas de ética empresarial y cumplimiento normativo para prevenir y detectar actos de corrupción.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
En México, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), promulgada en 2016, establece la responsabilidad de las personas jurídicas en casos de corrupción, incluyendo soborno, tráfico de influencias y colusión en contrataciones públicas. La LGRA impone sanciones a las empresas que incluyen multas, inhabilitación para contratar con el gobierno y la disolución de la entidad.
Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
La Ley 30424 en Perú establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción cometidos en su nombre o beneficio, incluyendo el cohecho activo y el tráfico de influencias. Las empresas están obligadas a implementar sistemas de prevención y cumplimiento para evitar estos delitos y pueden enfrentar sanciones como multas, inhabilitación para contratar con el Estado y hasta la disolución de la empresa.
