Emisores de valores de oferta pública
Un emisor de valores de oferta pública es una entidad, generalmente una sociedad anónima abierta, que ofrece sus valores (acciones, bonos, etc.) a inversores en el mercado público. Esta oferta permite a la empresa captar recursos financieros a través de la venta de sus valores a un amplio grupo de inversores. Los emisores están sujetos a regulaciones y supervisión por parte de autoridades financieras, y deben cumplir con requisitos de transparencia y divulgación de información relevante para los inversionistas.
En Chile la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) es un organismo autónomo del gobierno chileno encargado de supervisar, regular y fiscalizar el mercado financiero del país. Su principal objetivo es garantizar un funcionamiento eficiente, transparente y seguro del mercado, protegiendo los derechos de los inversionistas, asegurados y demás actores involucrados. La CMF supervisa y regula entidades como intermediarios financieros, emisores de valores, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros. Su rol es fundamental para mantener la estabilidad del sistema financiero, prevenir y detectar conductas ilícitas, y promover la confianza de los participantes del mercado. Además, la CMF busca impulsar la educación financiera y fomentar la innovación y el desarrollo sostenible del sector financiero.
Norma de Carácter General N° 385 de la CMF
La Norma de Carácter General (NCG) 385 es una regulación emitida por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, que establece un cuestionario de gobierno corporativo para los emisores de oferta pública. La norma tiene como objetivo mejorar la transparencia en las prácticas de gobierno corporativo de las empresas, permitiendo a los inversores tomar decisiones de inversión más informadas. Dentro de las preguntas del cuestionario, se incluye una sección específica que aborda el Modelo de Prevención de Delitos y Canales de Denuncia, incluyendo aspectos como el anonimato y seguimiento de denuncias.
Autoregulación orientada a incluir las variables de gestión en el precio de la acción
El modelo “cumpla o explique” adoptado por la CMF se basa en un enfoque de autorregulación en el que las empresas deben cumplir con ciertos principios y prácticas de gobierno corporativo, o en su defecto, explicar por qué no lo hacen. Desde la perspectiva del deber de diligencia (duty of diligence) y el deber de cuidado (duty of care) de los directores, este modelo implica que ellos deben actuar de manera informada, prudente y en el mejor interés de la empresa y sus accionistas. Si no siguen las directrices establecidas, deben proporcionar razones válidas y justificadas para ello. Este enfoque promueve la transparencia y la responsabilidad en la gestión corporativa, permitiendo a los directores adaptar las prácticas de gobierno a las circunstancias particulares de la empresa, siempre y cuando puedan explicar y justificar sus decisiones de manera adecuada y coherente.
Por qué un emisor de valores de oferta pública requiere un canal de denuncias
Mitigación de riesgos
Protección frente a contingencias legales
Los canales de denuncia robustos permiten a las empresas identificar y abordar proactivamente vulnerabilidades en su marco regulatorio, reduciendo la exposición a sanciones, multas y responsabilidad legal, lo que resulta en un entorno más atractivo para los inversores.
Eficiencia operativa
Optimizar procesos internos
Un canal de denuncias bien estructurado facilita la identificación de ineficiencias y fallos en los procesos internos, permitiendo a la empresa optimizar su funcionamiento y mejorar su competitividad en el mercado, a la vez de alertar oportunamente a los órganos de gobierno, cualquier brecha u amenaza.
Reputación corporativa
Los canales de denuncia contribuyen al fortalecimiento de la imagen institucional al evidenciar el compromiso de la empresa con la integridad y la transparencia. Esto posiciona favorablemente a la empresa en la percepción de los inversores y stakeholders más exigentes.
Armonización global
Implementar un canal de denuncias eficiente y seguro permite a las empresas adherirse a estándares internacionales de gobernanza y cumplimiento, aumentando su atractivo para inversionistas globales y facilitando su acceso a mercados internacionales.
Transparencia, probidad y canales de denuncia en el mercado de valores de LATAM
La Comisión Nacional de Valores de Argentina establece requisitos de transparencia y probidad, incluyendo canales de denuncia, en el marco de la Ley de Mercado de Capitales. Las empresas deben adoptar principios de gobierno corporativo y cumplir con las disposiciones de la CNV.
La Comissão de Valores Mobiliários y la Ley Anticorrupción establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben cumplir con la Instrucción Normativa CVM 586 y la Ley Nº 12.846, incluyendo sistemas de denuncias e investigaciones internas.
La Superintendencia Financiera de Colombia y la Ley 1474 de 2011 establecen obligaciones de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben adoptar sistemas de control interno y reportar irregularidades de acuerdo con la Circular Externa 29 de 2014.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Ley General de Responsabilidades Administrativas establecen criterios de transparencia, probidad y canales de denuncia en el mercado de valores.
La Superintendencia del Mercado de Valores de Perú y la Ley de Protección al Denunciante establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben cumplir con el Reglamento de Conducta de Mercado y fomentar la denuncia de irregularidades.
El Banco Central de Uruguay y la Ley de Transparencia y Lucha contra el Lavado de Activos establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben implementar políticas de gobierno corporativo y sistemas de prevención de lavado de activos y corrupción.
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y la Ley de Responsabilidad Social Empresarial establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben cumplir con la regulación SMV y adoptar políticas de gobierno corporativo y responsabilidad social.
Aunque el país reguló la responsabilidad penal de las personas jurídicas el 2012, los programas de Compliance no son mencionados en su regulación, aunque pueden ser valorados por el sistema judicial como herramientas de prevención y control de delitos en el ámbito empresarial.
La Financial Conduct Authority y la UK Bribery Act establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de la FCA y adoptar políticas de gobierno corporativo, incluyendo sistemas de denuncia y prevención de soborno y corrupción.
La Securities and Exchange Commission y la Ley Sarbanes-Oxley establecen requisitos de transparencia, probidad y canales de denuncia. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de la SEC y adoptar políticas de gobierno corporativo, incluyendo mecanismos de denuncia protegidos por la legislación.
Comodidad y personalización para el usuario
Una experiencia de usuario sin complicaciones, con una interfaz de administración web que permite la gestión completa de los sitios de denuncia de irregularidades desde un solo tablero. Los usuarios pueden personalizar la apariencia del sitio con su logotipo, colores y fuentes preferidos. Además, el sistema es compatible con más de 90 idiomas, lo que lo hace accesible para una audiencia global.
Características técnicas avanzadas
Una serie de características técnicas avanzadas, que incluyen la medición automatizada de la calidad del software y pruebas de integración continua, una aplicación autónoma que no requiere servidores web o de aplicaciones, configuración automática de Tor Onion Services Versión 3 y compatibilidad con el registro de autoservicio para la configuración del servicio SAAS de denuncia de irregularidades. Además, el sistema es compatible con HTTP/2.
Cumplimiento legal y regulatorio
Nuestra plataforma cumple con los requisitos de cumplimiento legal y regulatorio, incluyendo cuestionarios preparados para la ley deresponsabilidad penal de las personas jurídicas, flujo de trabajo de informes condicionales de identidad de denunciantes, gestión de conflictos de intereses en el flujo de trabajo de informes y funcionalidad de custodio para autorizar el acceso a la identidad del denunciante. El sistema también cumple con ISO 37002 y la Directiva de la UE 2019/1937 y tiene políticas de retención de datos configurables de GDPR.
Seguridad avanzada para la protección del usuario y la información
Con características de seguridad avanzadas, que incluyen certificados digitales SSL, soporte de autenticación de dos factores, sandboxing de red integrado con iptables, sandboxing de aplicaciones integrado con AppArmor, protección completa contra envíos automatizados y compatibilidad con PGP para notificaciones de correo electrónico cifradas. El sistema también es sometido a revisión continua por pares y auditorías de seguridad periódicas.
